Las carreras de Sociología y Trabajo Social de la UC Temuco organizaron un coloquio para reflexionar respecto a cómo afrontar este ejercicio comercial en las calles de Temuco.
Las políticas comunales de urbanismo en Temuco contienen una temática controversial: la ordenanza municipal que prohíbe el comercio ambulante en el sector céntrico.
Para discutir acerca de este choque de principios, las carreras de Sociología y de Trabajo Social de la UC Temuco organizaron un coloquio con la participación de tres integrantes de organismos sociales de La Araucanía
Blaise Pantel, jefe de la carrera de Sociología, dijo que el motivo de traer a tres invitadas es observar el fenómeno de una mirada múltiple. “Primero, el contenido de la ordenanza municipal, segundo una perspectiva ciudadana sobre el habitar de la ciudad, tercero una perspectiva histórica, ya que la ciudad de Temuco nació con el comercio ambulante como un punto de encuentro, y por último una perspectiva de los derechos humanos que siempre es importante”, consignó el académico.
Defensa en base a la historia
El comercio en las calles de la ciudad es una actividad histórica y tradicional en los orígenes del país, especialmente para los pueblos originarios. En base a esta premisa Marcela Castro Garrido, representante del equipo técnico de Red de Defensa de los Territorios, indicó que existen interacciones desiguales entre Gobierno y pueblo mapuche que se repiten con el tiempo.
“Hay una estructura de despojo y represión que se va repitiendo continuamente en el tiempo. Como fue en algún momento la ocupación de La Araucanía, hoy en día es la Municipalidad de Temuco que lo está haciendo, de alguna forma despojando a la gente de los espacios en los cuales trabaja, de su ingreso económico, en algunos casos de comer cada día”, indicó Castro.
Soledad Molina Huenchucura otorgó un horizonte más legal respecto a la actividad y apegada a su labor, la de profesional de las Ciencias Sociales en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). “El comercio ambulante está dentro de los derechos económicos sociales y culturales, que están regulados a nivel nacional e internacional. Hemos vivido en el caso más puntual entre las hortaliceras mapuche y la autoridad, que se han vulnerado algunos derechos, por ejemplo a través del desalojo por medio de la fuerza policial”, expresó la profesional.
Una de las conclusiones de la jornada fue la de la necesidad imperiosa de una consulta ciudadana para enfocar de mejor manera las políticas comunales y sondear la opinión respecto a los comerciantes de la calle, tal como lo destaca Alejandra Parra, integrante de la Red de Acción por los Derechos Ambientales (Rada).
“(La ordenanza) Es una decisión que se tomó desde el Concejo Municipal sin hacer una consulta ciudadana, sin que nadie más pudiera opinar y sin que se le preguntara a las personas directamente afectadas que van a quedar sin trabajo, producto de esta prohibición. Es la criminalización de una actividad económica que, si bien es informal, no es ilegal”, opinó.
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